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El Guarda Rural de Caza frente al furtivismo: proteger los cotos es proteger la legalidad y la naturaleza.

 

Por Víctor Villalobos
Director de Seguridad, Guarda Rural de Caza y Técnico de Seguridad y Medio Ambiente.


El medio rural español atraviesa una etapa de enormes desafíos en materia de seguridad, conservación y protección del patrimonio natural. Los cotos de caza, tanto públicos como privados, no solo representan espacios destinados a la actividad cinegética, sino auténticos ecosistemas donde se desarrollan labores de gestión, conservación de fauna, mejora de hábitats, prevención de incendios y vigilancia ambiental durante todo el año.

Sin embargo, una de las mayores amenazas que continúan sufriendo estos terrenos es el furtivismo y la práctica ilegal de la caza sin autorización del titular cinegético. A ello se suman los accesos ilegales, daños medioambientales, utilización de medios prohibidos, robos rurales y conductas irresponsables que ponen en peligro tanto la fauna como la seguridad de las personas.

Frente a esta realidad, la figura del Guarda Rural de Caza se convierte en un elemento esencial para garantizar la legalidad, la seguridad y la protección efectiva del medio natural.

Muchas personas desconocen que entrar a cazar en un coto sin autorización no constituye una simple infracción administrativa. 

La legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han dejado claro que practicar la caza en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin consentimiento del titular puede constituir un delito contra la fauna tipificado en el artículo 335 del Código Penal.

Este delito se produce por el mero hecho de cazar ilegalmente en terrenos cinegéticos ajenos, independientemente de que se llegue o no a abatir una pieza, del tipo de arma utilizada, de la modalidad cinegética o incluso de si existe período hábil o veda.

Esto afecta a todas las modalidades de caza: monterías, batidas, aguardos, recechos, caza menor, cetrería, caza con arco, caza “a diente” o cualquier otra práctica cinegética desarrollada sin autorización.

La modalidad de caza “a diente” posee una gran tradición en Andalucía y consiste en una modalidad de caza menor sin armas donde los cazadores, acompañados de perros, buscan y capturan principalmente conejos directamente mediante los canes. La normativa andaluza más reciente permite hasta seis perros por cazador en la modalidad denominada “a diente en mano”.

Precisamente por desarrollarse muchas veces en zonas abiertas, olivares, monte bajo y terrenos de difícil vigilancia, esta modalidad también requiere un importante control cinegético y de seguridad para evitar intrusiones en cotos ajenos, furtivismo, daños en explotaciones agrícolas, conflictos entre cuadrillas, incumplimiento de cupos o acceso ilegal a terrenos cinegéticos.

Las consecuencias legales del furtivismo pueden incluir multas de 4 a 8 meses, inhabilitación especial para el derecho a cazar de 2 a 5 años, decomiso de armas y medios empleados, además de importantes sanciones administrativas autonómicas.

El furtivismo no solo perjudica económicamente a propietarios y titulares cinegéticos. También destruye años de gestión y conservación, altera el equilibrio natural de las especies, perjudica los planes técnicos de caza y genera situaciones de enorme riesgo para la seguridad en el campo.

Es precisamente frente a estas amenazas donde el Guarda Rural de Caza desarrolla una labor absolutamente imprescindible.

El Guarda Rural de Caza es un profesional de la seguridad privada específicamente habilitado y especializado para la vigilancia y protección de fincas rústicas, explotaciones agrícolas, montes y terrenos cinegéticos. Su trabajo diario va mucho más allá de vigilar caminos o controlar accesos.

Entre sus funciones destacan la vigilancia preventiva de cotos y montes, control de accesos y permisos, detección de furtivos, identificación de infractores, supervisión de actividades cinegéticas, protección de fauna y hábitats, prevención de incendios,
vigilancia de artes y medios prohibidos, colaboración con Guardia Civil y SEPRONA, y actuación frente a delitos e infracciones medioambientales.

Su conocimiento del terreno, de las especies, de los movimientos habituales de fauna y de las dinámicas delictivas convierte al Guarda Rural en la primera línea de protección del medio cinegético.

En Andalucía, la normativa reconoce expresamente la necesidad de vigilancia especializada en los terrenos cinegéticos. El Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía establece la obligación de que los cotos intensivos de caza cuenten obligatoriamente, durante cualquier actividad cinegética, con al menos una persona habilitada como Guarda Rural de Caza.

Asimismo, los cotos ubicados en montes públicos cinegéticos deben disponer de medidas de control y vigilancia adecuadas debido a la especial sensibilidad ambiental y al interés público de estos espacios naturales.

Esta obligación no es casual. Responde a la necesidad de garantizar la seguridad durante las jornadas cinegéticas, controlar el cumplimiento de autorizaciones, prevenir el furtivismo, evitar accidentes, proteger las especies y asegurar el cumplimiento de la normativa medioambiental y de seguridad.

La presencia del Guarda Rural resulta especialmente importante en modalidades de mayor riesgo o complejidad organizativa, como monterías, batidas, ganchos, grandes recechos, jornadas nocturnas, caza “a diente” con gran número de perros,
o actividades cinegéticas desarrolladas en terrenos abiertos de gran extensión.

En este tipo de jornadas confluyen un gran número de participantes, armas de fuego, vehículos, rehalas,perros de caza, movimientos coordinados y amplias superficies forestales o agrícolas.

Por ello, aunque la normativa establece obligaciones concretas en determinados terrenos, resulta altamente recomendable la contratación de Guardas Rurales de Caza en cualquier modalidad o zona donde exista riesgo para la seguridad, posibilidad de furtivismo o necesidad de control cinegético especializado.

El Guarda Rural actúa como elemento preventivo, organizativo y de seguridad, ayudando a controlar accesos, verificar permisos, supervisar puestos, evitar intrusiones, coordinar incidencias, prevenir accidentes, controlar el tránsito de perros y participantes, y colaborar inmediatamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario.

La colaboración con la Guardia Civil, especialmente con SEPRONA, equipos ROCA y Seguridad Ciudadana, resulta permanente y fundamental. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada regula expresamente esta cooperación entre seguridad privada y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La propia normativa establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada información relevante para mejorar la evaluación de riesgos y reforzar la prevención de delitos.

Además, el artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada otorga una especial protección jurídica a los Guardas Rurales cuando actúan en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las agresiones, intimidaciones graves o resistencias cometidas contra un Guarda Rural debidamente identificado pueden ser consideradas atentado contra agente de la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años.

Esta protección jurídica resulta especialmente importante debido a que muchos servicios se desarrollan de noche, en lugares aislados, frente a personas armadas o ante grupos organizados dedicados al furtivismo y actividades ilícitas.

La seguridad cinegética también ha evolucionado enormemente gracias a la tecnología. 

Actualmente, numerosos cotos incorporan cámaras de videovigilancia, drones, dispositivos nocturnos, sistemas de localización, control digital de accesos y medios de grabación legalmente autorizados.

Estas imágenes, obtenidas conforme a la Ley de Seguridad Privada y a la normativa de protección de datos, pueden constituir prueba válida ante los tribunales para acreditar delitos e infracciones relacionadas con el furtivismo y los accesos ilegales.

Además, los Guardas de Caza están facultados para proceder a la retirada u ocupación de piezas cobradas y medios empleados para cometer infracciones, incluidas armas, procediendo posteriormente a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Los cotos de caza representan hoy mucho más que un aprovechamiento cinegético. Son espacios donde se protege biodiversidad, se conserva fauna silvestre, se mantiene el equilibrio natural y se desarrolla una importante labor de gestión ambiental.

El furtivismo destruye ese equilibrio y pone en riesgo años de trabajo, inversión y conservación. Por ello, el Guarda Rural de Caza continúa siendo una figura esencial e imprescindible para el presente y el futuro del campo español.

Porque proteger los cotos significa proteger la legalidad, la seguridad, la fauna, la propiedad y la conservación de la naturaleza.

Y porque sin vigilancia, no puede existir una verdadera protección del medio rural español.